El déficit habitacional de la ciudad: no
saben cómo erradicar un asentamiento en Puerto Madero
Se duplicó la población de una
villa
Hace dosaños, en la Rodrigo Bueno vivían 401 familias;
hoy son más de 800; el gobierno porteño promete
que las trasladará
Está ahí nomás. Oculta. Parece imperceptible,
pero crece silenciosamente sobre terrenos usurpados a la Reserva
Ecológica de la Costanera Sur. Se trata de la villa Rodrigo
Bueno, el asentamiento de emergencia que el jefe de gobierno
porteño, Jorge Telerman, había prometido erradicar
hace más de dos años y que desde entonces ha experimentado
una expansión tal que se duplicó el número
de habitantes y ya hay, incluso, casillas de dos y tres pisos
muy cerca de Puerto Madero, donde el metro cuadrado construido
cuesta 2200 dólares.
Las cifras son elocuentes: hoy, en apenas cuatro manzanas que
ocupa este asentamiento viven 800 familias, 399 más que
las que el censo del gobierno porteño había registrado
en junio de 2005, cuando se confirmó que allí
residían 401 grupos familiares.
Si bien el dato fue aportado por los vecinos del propio asentamiento,
la cifra fue confirmada por el gobierno, que volvió a
prometer -una vez más- que erradicará la villa.
"Estamos trabajando con un grupo interdisciplinario para
llegar a un consenso con los moradores del lugar. Les estamos
ofreciendo subsidios para dejar sus viviendas y pensamos que
durante el receso invernal de julio comenzaremos a trasladar
a las primeras familias. La fecha está pensada para que
los chicos que viven allí no pierdan días de clases",
dijo a LA NACION el subsecretario de Programación y Coordinación
del Espacio Público de la ciudad, Esteban Bellomo.
Pero la visión de los ocupantes del terreno es mucho
más dura e intransigente. "No queremos irnos. Con
los subsidios de 15.000 pesos que nos ofrecen no compramos nada.
Por ahí surgió la idea de darnos una casita en
la provincia, pero nosotros no queremos dejar la Capital. Nuestras
casas aquí valen mucho más que en el conurbano",
dijo a LA NACION Kelly Cuba, habitante de la villa.
Esta mujer se radicó allí, con su marido y sus
dos hijos, hace más de cinco años. Aseguró
que el lugar donde vive es ideal porque está cerca de
todo. "Mis chicos van a la escuela de la zona. Hace un
tiempo se nos ofreció un plan de subsidios para que dejemos
el asentamiento. La mitad de las familias aceptaron y se fueron,
pero al poco tiempo los terrenos fueron ocupados por otras personas",
comentó Cuba.
El acuerdo del que habla Cuba es precisamente el que rubricó
en septiembre de 2005 Telerman, cuando ocupaba la vicejefatura
de gobierno de la ciudad y, a la vez, era secretario de Desarrollo
Social. Esa vez 180 familias aceptaron los subsidios y abandonaron
los terrenos para radicarse en otras zonas de la ciudad o regresar
a sus provincias (en su mayoría, Misiones, Corrientes
y Santiago del Estero) o a sus países: Paraguay, Perú
y Bolivia.
Pero cuando comenzaron a ser desmontadas las casillas, la jueza
en lo Contencioso Administrativo y Tributario porteño
Elena Liberatori hizo lugar a una acción de amparo presentada
por habitantes del lugar y suspendió la erradicación
de la villa.
Entonces, el gobierno acusó a la jueza de querer urbanizar
la villa. "La medida, dictada el 28 de septiembre de 2005,
obligaba a suspender la demolición de las casillas, exigía
que el gobierno abriera una línea de créditos
para los habitantes de la villa y que se hicieran trabajos de
limpieza. También se pedía que se tasaran los
terrenos y se hiciera un relevamiento del estado de las casas",
explicó a LA NACION el procurador de la ciudad, Agustín
Zbar.
Aquella decisión de Liberatori fue revocada por la Cámara
del fuero el 23 de junio de 2006. Y el tema pasó a la
órbita del Ministerio de Espacio Público, que
conducía Lía María. El gobierno volvió
anunciar la erradicación de la villa con un plan que
iba a comenzar en noviembre último, pero que por ahora
no se concretó.
La excusa, esta vez, fue que el gobierno quiere dar "soluciones
humanas y razonables". "No se trata de erradicar por
la fuerza o mediante metodologías prepotentes. Por ahora
se hace muy difícil convencer a las familias de que dejen
el predio, pero se está trabajando para idear propuestas
con los propios habitantes", concluyó Bellomo.
Por Jesús A. Cornejo
De la Redacción de LA NACION
