Sociedad del Miércoles/08-Nov-2006
Un freno a las torres de Caballito
Por un recurso presentado por los vecinos, una jueza dispuso
que el gobierno porteño no autorice nuevas obras en una
amplia zona de Caballito. Y que se paren las que no tienen habilitación.
Por Sonia Santoro
Los vecinos del barrio de Caballito respiraron. Ayer una jueza
frenó la construcción de nuevas obras en un radio
de unas veinte manzanas, hasta tanto se realice una evaluación
del impacto ambiental que las nuevas construcciones, principalmente
edificios de varios pisos y torres, puedan tener en el barrio.
“Estamos muy contentos porque es un fallo que sienta precedentes
en esta lucha del barrio y otras zonas de la ciudad y del Gran
Buenos Aires”, celebró Mario Oybin, de la organización
SOS Caballito.
“Barrio de casas. No queremos edificios.” El pasacalles
atraviesa la calle Cucha Cucha al 900 en el barrio de Caballito.
Esta, como varias en la zona, es una calle empedrada y de casas
bajas. Allí vive Mario Oybin quien, preocupado por la
construcción de un edificio de 10 pisos junto a su casa,
presentó en agosto de este año un recurso de amparo
contra el gobierno de la ciudad para evitar que siga este ritmo
vertiginoso de construcciones en un barrio que considera colapsado
en cuanto a los servicios públicos y privados: desde
cloacas y electricidad hasta cantidad adecuada de escuelas y
de garages.
El lunes, la jueza en lo Contencioso Aministrativo Alejandra
Petrella ordenó al gobierno de la ciudad de Buenos Aires
“que se abstenga de otorgar nuevos permisos de demolición
o de obra en el predio delimitado por las calles Paysandú,
Arengreen, Martín de Gainza y Gaona, hasta tanto se resuelva
el fondo de la presente acción de amparo”. Y
ordenó además la realización de un estudio
de impacto ambiental, ya que es obligatoria esta evaluación
“en forma previa a la realización de un emprendimiento
público o privado susceptible de tener efectos relevantes
en el ambiente”.
Petrella señaló además que “se
desconoce por completo qué consecuencias disvaliosas
sobre el ambiente puede generar el crecimiento demográfico
que se produciría si por cada lote en donde existía
una vivienda unifamiliar se construye un edificio para más
de diez o quince familias. Particularmente considerando que
del relevamiento efectuado se desprende que ya existen en la
zona problemas de presión de agua y saturación
y colapso de cloacas”. Y fundamentó su
fallo en que el artículo 41 de la Constitución
Nacional y el 26 de la Constitución de la ciudad estipulan
el derecho de todo habitante de la ciudad a gozar de
un ambiente sano y a usar el recurso de amparo cuando se siente
agraviada en este sentido.
Por otro lado, la jueza señaló que si bien en
la zona hay sólo dos obras con permiso, la constatación
judicial observó que existirían al menos nueve
emprendimientos en construcción o recién terminados.
“Desde mayo que los vecinos nos estamos movilizando por
esto y encontramos que en el barrio hay unas 30 obras en construcción”,
cuenta Oybin, miembro de la Asociación SOS Caballito,
surgida al calor de la preocupación por la pérdida
de la fisonomía tradicional del barrio a comienzos de
2006.
Desde entonces, organizan movilizaciones semanales que van
convocando a cada vez más gente: hoy son unas 300 personas
por semana. Denuncian, entre otras cosas, que “las cloacas
de la ciudad fueron construidas a principios del siglo pasado
y estaban pensadas para una ciudad de 800 mil habitantes, eso
trae falta de agua y olores nauseabundos constantes; no hay
lugares en las escuelas, los garages cobran fortunas, el Hospital
Durand no da a basto y los medios de transporte tampoco”.
Por otra parte, se sienten discriminados porque algunos sectores
consideran su pedido “aristocrático”. “Esto
no es aristocrático. El 70 por ciento de la vivienda
que se construye es para nivel ABC1; departamentos con pileta,
sauna y demás”, planteó Oybid. Osvaldo Sidoli,
abogado patrocinante junto a Alejandra Butti, celebró
la medida, pero señaló que “vamos a ir por
más, vamos a presentar amparos por otras zonas, ya hemos
planteado otros en Palermo, Villa Pueyrredón y Belgrano.
Este es un problema de toda la ciudad”.
“Lo que reclamamos es la participación del vecino
en la urbanización. No pedimos que se suspendan todas
las obras y no se construyan nunca más, sino que haya
participación ciudadana en las obras que nos afectan”,
planteó Butti. “Y no que la calidad de vida y el
medio ambiente esté regulado por el mercado”, agregó
Oybid. En este sentido, los vecinos dicen que no son ajenos
a la necesidad de crecimiento de la ciudad, pero piden que no
se permitan edificios de más de 10,5 metros de altura,
es decir, de tres pisos, y sobre todo que haya planificación.
El próximo paso para la jueza será definir la
autoridad competente para realizar la evaluación de impacto
ambiental. Los abogados estiman que en un mes y medio deberían
estar los resultados y que antes de fin de año se conocería
la sentencia definitiva sobre el fondo de la cuestión:
si la cantidad de modificaciones edilicias que se están
llevando a cabo impactan en el medio ambiente urbano, afectando
la vida de los vecinos y violando además la normativa
local y nacional.
