21.06.2006
MEDIO AMBIENTE : INTIMACION A LOS GOBIERNOS NACIONAL,
BONAERENSE Y PORTEÑO
La Corte exige que presenten un plan para limpiar
el Riachuelo
El máximo Tribunal les dio un plazo de 30 días
a los tres Estados involucrados y les pidió informes
a 44 empresas denunciadas por arrojar residuos al río.
La causa fue iniciada en 2004 por vecinos de la zona.
Silvana Boschi
sboschi@clarin.com
La Corte Suprema decidió intervenir en el conflicto por
la contaminación del Riachuelo. En una resolución
firmada ayer, aceptó hacerse cargo de una parte del reclamo
presentado por 150 vecinos de la zona, e intimó al Gobierno
nacional, al bonaerense y al de la Ciudad de Buenos Aires para
que presenten en 30 días un plan integrado de saneamiento
de la cuenca hídrica Matanza-Riachuelo. Los Estados,
además, deberán formular programas de desarrollo
sustentable y educación ambiental.
Por otra parte, la Corte les dio el mismo plazo de 30 días
a las 44 empresas señaladas en la demanda para que presenten
un informe técnico sobre los residuos que —según
los denunciantes— arrojan al río, informen si aplican
sistemas de tratamiento para evitar la contaminación,
y si tienen seguros contratados. Entre las empresas denunciadas
figuran: Shell, Petrobras, YPF, Central Dock Sud, Indupa, Molinos,
Danone, Mercedes Benz, Bieckert y Aguas Argentinas.
Las conclusiones a las que arriben los Estados y las empresas,
así como los argumentos de los vecinos, serán
expuestos en la audiencia pública que convocó
la Corte para el 5 de setiembre. Luego, el Tribunal tratará
de buscar puntos de coincidencia sobre la implementación
de soluciones.
En la resolución de ayer, los jueces evitaron pronunciarse
sobre la creación de un Fondo de Compensación
Ambiental de 500 millones de dólares, que reclamaron
los denunciantes.
Al ser la última instancia judicial, la decisión
de la Corte es inapelable, tanto por las empresas como por el
Estado. Como informó Clarín ayer, la otra parte
del planteo, el reclamo de indemnizaciones por daño físico
y psíquico, fue rechazada por la Corte y deberá
plantearse ante la Justicia de primera instancia de cada distrito.
Estos reclamos son por un monto estimado de 5.161.500 pesos.
La causa que ayer trató la Corte fue iniciada hace dos
años por un grupo de vecinos de La Boca, Wilde, Dock
Sud, Avellaneda, Villa Dominico, entre otras zonas ribereñas.
El asentamiento de "Villa Inflamable", en Dock Sud,
fue señalado en la demanda como la zona más afectada.
Entre los 150 denunciantes figuran unos veinte médicos,
psicólogos, odontólogos y enfermeros del Hospital
Fiorito.
Los demandantes, representados por los abogados Santiago Kaplun,
Daniel Salaberry y Jorge Mosset Iturraspe, viven todos en proximidades
de la cuenca Matanza-Riachuelo, que abarca parte de la Capital
Federal y 13 partidos del conurbano bonaerense. La población
de la cuenca está estimada en 4.884.000 personas.
El fallo de la Corte, que lleva la firma de Enrique Petracchi,
Elena Highton, Juan Carlos Maqueda, Ricardo Lorenzetti, Carmen
Argibay y Carlos Fayt, recordó que en la reforma constitucional
de 1994 quedó establecido en el artículo 41 el
derecho a todos los habitantes a un ambiente sano.
En momentos en que el conflicto por la construcción
de dos plantas papeleras en Uruguay llegó a la Corte
Internacional de La Haya, en la Corte existe la intención
de impulsar esta causa hasta donde sea posible. "La contaminación
del Riachuelo está suficientemente probada, y el daño
existe", señaló uno de los jueces del Tribunal.
Por eso les reclamaron a los tres Estados involucrados y al
Cofema (Consejo Federal de Medio Ambiente), que en el plan que
deberán presentar en 30 días tengan en cuenta
—tal como prevé la legislación— que
los objetivos ambientales deberán ser logrados en forma
gradual, teniendo en cuenta los aspectos políticos, sociales,
económicos y jurídicos.
El Tribunal recordó que los ciudadanos "tienen
el deber de preservar" el ambiente, y que todo "daño
ambiental generará prioritariamente la obligación
de recomponer" ese daño.
30 días más
Guillermo Kellmer
gkellmer@clarin.com
Fue la promesa de María Julia en 1993, la más
famosa, pero no la primera. En 1811 la Primera Junta se había
comprometido a limpiar el Riachuelo, tras la instalación
de las primeras curtiembres y mataderos. En 1822 hubo un decreto
prohibiendo la instalación de industrias. Y en 1871 la
Cámara de Diputados bonaerense dictó una ley para
limpiar y canalizar el río. Ni el compromiso, ni el decreto
ni la ley se cumplieron. Tampoco los famosos 1.000 días
de Alsogaray. Ahora intervino la Corte Suprema. Y el Riachuelo
esperará 30 días más por una solución
que le vienen prometiendo hace ya casi 200 años.
