7 de Octubre de 2005
PROBLEMAS URBANOS : LA PULSEADA POR EL ASENTAMIENTO
RODRIGO BUENO, EN LA RESERVA ECOLOGICA
El Gobierno porteño y la Justicia pelean
por el desalojo de una villa
El mes pasado, el Ejecutivo lanzó un plan de subsidios
para sus habitantes, y 160 familias dejaron sus casas. Pero una
jueza lo frenó por supuestas irregularidades. La Comuna
apeló y decidirá la Cámara.
Daniel Gutman.
dgutman@clarin.com
Hay que caminar no mucho más de 100 metros desde la fuente
de Las Nereidas, allí donde la Costanera Sur es un agradable
paseo de fin de semana. Atravesando un portón, dentro de
la Reserva Ecológica de la Ciudad, el paisaje cambia. Aparecen
un depósito de autos destruidos de la Policía Federal;
un par de galpones donde durante años hubo toneladas de
raticida vencido, altamente tóxico; la División
Perros de la Prefectura y una montaña de tierra proveniente
de las obras de extensión del subte. Entre ellos, hay varios
cientos de casas —algunas muy precarias y otras de material—
apretadas una contra la otra, junto a la ribera.
La villa de la Reserva, o "Rodrigo Bueno", es hoy eje
de un conflicto entre el Gobierno de la Ciudad y la Justicia porteña.
Las primeras casas se construyeron hace más de 20 años,
antes incluso del nacimiento de la Reserva. Pero fue la crisis
de 2001 —que según datos oficiales dejó como
legado 40.000 nuevos habitantes en las villas de la Capital—
la que la hizo crecer hasta reunir unas 500 familias.
Con el objetivo de recuperar la Reserva Ecológica, el
Gobierno porteño lanzó el mes pasado un plan de
subsidios de 20.000 pesos por familia o créditos para los
que aceptaran irse. Unas 160 familias tomaron el subsidio, se
fueron y el Gobierno demolió sus casas. Sin embargo, ahora
la Justicia suspendió la aplicación del plan y ordenó
el retiro de los escombros de las demoliciones, que habían
sido dejados en el lugar. Tanto la Asamblea Permanente por los
Derechos Humanos (APDH) como el asesor tutelar Gustavo Moreno,
que actúa en representación de los cientos de chicos
que viven en la villa, dicen que los escombros se dejaron allí
para hacerle más difícil la vida a la gente y de
esa manera presionar a los que por ahora no aceptaron irse.
Como ya había considerado incumplida una orden anterior
para quitar los desperdicios, la jueza Elena Liberatori le aplicó
una multa sobre el sueldo al secretario de Desarrollo Social y
vicejefe de Gobierno, Jorge Telerman, quien respondió recusando
a la magistrada. Finalmente, el miércoles se terminaron
de sacar unas 250 toneladas de escombros, dijeron a Clarín
en la Dirección de Higiene Urbana.
Pero además, Liberatori consideró que no se hizo
un censo antes de pagar los subsidios, lo que podría dar
lugar a pagos a gente que en realidad no estaba viviendo en la
villa, y por eso suspendió el plan. Esto es rechazado por
el Gobierno, que apeló el fallo y asegura que ya relevó
la villa.
Telerman dice que la medida de la jueza es "absurda"
y cuestiona también a la APDH: "Estamos orgullosos
de este plan, que transfiere 8 millones de pesos de los impuestos
a los sectores más desfavorecidos y significa una respuesta
a la problemática social que no se da en ninguna otra parte
del país".
Para Telerman, urbanizar el lugar —como reclamó
judicialmente la APDH— es imposible, "no sólo
porque es patrimonio público, sino también por las
características propias de las tierras, que son recuperadas
al río".
Como un ingrediente anexo a la historia aparece un proyecto de
IRSA. El grupo empresario que es dueño de buena parte de
los shoppings del país, compró los terrenos de la
ex Ciudad de Deportiva de Boca Juniors, al lado de la villa, donde
planea una millonaria inversión inmobiliaria.
Diputados de la oposición denunciaron que ése es
el verdadero motivo por el cual el Gobierno quiere desalojar la
villa. "No lo puedo afirmar, pero seguro que en alguna medida
incide", señala por su lado el asesor tutelar Moreno.
Telerman lo niega y dice que el Gobierno le rechazó a IRSA
la autorización para construir un barrio privado. En su
secretaría aseguran que, si la Cámara de Apelaciones
revoca la decisión de la jueza, "el 80% de la gente
de la villa está dispuesta a irse".
