Reserva Ecológica
Costanera Sur
Ciudad Autonoma de Buenos Aires
República Argentina
 
Asociación Civil Por la Reserva
-Vecinos Autoconvocados -
 
En Por La Reserva Internet

LIBRO DE VISITAS

 

LAS MODIFICACIONES DE LA LEY 123 Y SUS DECRETOS REGLAMENTARIOS. SUS CONSECUENCIAS

Primera Parte

Por Mabel Santoro

La ley 123 de Procedimiento Técnico-Administrativo de Evaluación de Impacto Ambiental (EIA) es la respuesta al mandato constitucional de la Ciudad, que en su Art. 30 establece "la obligatoriedad de la evaluación previa del impacto ambiental de todo emprendimiento público o privado susceptible de relevante efecto y su discusión en audiencia pública" y tiene como ámbito de aplicación la Ciudad de Buenos Aires.

Se puede decir que es la ley ambiental más importante de la ciudad, dado que su objeto es preservar el ambiente y defenderlo en provecho de las generaciones futuras. Pretende poner en práctica el derecho de gozar de un ambiente sano.

Dicha ley fue sancionada por la Legislatura porteña el 10 de diciembre de 1998, y reglamentada a mediados de 1999 bajo el Decreto 1.252/99. Luego fue modificada el 12 de Setiembre de 2000 por la ley 452, por lo que el Decreto 1252/99 fue derogado y reemplazado por el Dto. reglamentario1120/01 sancionado recién el 16 de Agosto de 2001. Finalmente este decreto también ha sido derogado y reemplazado en Octubre de 2002 por el Dto. 1352/02 actualmente vigente.

En síntesis, la ley vigente establece un procedimiento técnico administrativo de varios pasos, al que deberán someterse los emprendimientos de relevante efecto ambiental ante la Autoridad de Aplicación correspondiente -hoy la Subsecretaría de Espacio Público y Desarrollo Urbano-. Dichas etapas son:

  1. La presentación de la solicitud de categorización
  1. La categorización de las actividades, proyectos, programas y/o emprendimientos con relevante efecto y sin relevante efecto, según correspondiere
  1. La presentación del Manifiesto de Impacto Ambiental acompañado de un Estudio Técnico de Impacto Ambiental.
  1. El Dictamen Técnico.
  1. La Audiencia Pública de los interesados y potenciales afectados
  1. La Declaración de Impacto Ambiental (DIA)
  1. El Certificado de Aptitud Ambiental

Los emprendimientos sin relevante efecto ambiental deben cumplir sólo con las etapas a) y b). El modo en que la Autoridad de Aplicación categoriza las actividades es supeditado a la reglamentación de la ley.

Se fija un procedimiento de evaluación para las modificaciones y ampliaciones de los emprendimientos y un régimen de adecuación para aquellos que se presumen como de relevante efecto ambiental y se encuentren en desarrollo, ejecución o funcionamiento al momento de la entrada en vigencia de la ley.

En cuanto a las infracciones, la Autoridad de Aplicación puede ordenar la suspensión o clausura de las actividades y la demolición o el cese de las obras construidas.

Se crea un Registro de Evaluación Ambiental compuesto por tres rubros:

  1. General de Evaluación Ambiental, en donde se registran todos los documentos que acompañan los procedimientos EIA.
  1. De Consultores y Profesionales en Auditorías y Estudios Ambientales
  1. De Infractores

Se constituye una Comisión Interfuncional de Habilitación Ambiental, cuya función es coordinar los criterios y procedimientos de habilitación, certificado de uso conforme y autorizaciones exigidas por las reparticiones de Gobierno de la Ciudad con el procedimiento EIA, a fin de evitar la superposición de trámites y tasas administrativas.

También se crea un Consejo Asesor Permanente integrado por distintas instituciones con incumbencia en el tema, con el objeto de responder a la Autoridad de Aplicación ante consultas puntuales, como así también en instancias consultivas para la formulación de políticas, normas técnicas, etc.

Es interesante analizar las sucesivas modificaciones que ha sufrido esta ley en el escaso transcurso de tres años y medio. A través de ellas se puede vislumbrar conflictos de intereses, concesiones a determinados sectores y algo de negligencia en el caso de importantes artículos aún no reglamentados, todo lo cual atenta contra el medio ambiente que la ley pretende preservar.

A continuación se describen los cambios sufridos en la ley y su reglamentación:

1) LA CATEGORIZACIÓN

La ley original determinaba la categorización en Alto, Mediano y Bajo Impacto Ambiental para todos los emprendimientos, programas, proyectos o actividades que se iniciaran en la ciudad y ofrecía un listado enunciativo de las que se presumen como de Alto Impacto Ambiental y de Mediano Impacto Ambiental.

Establecía tres posibilidades para que un emprendimiento deba ser sometido al procedimiento EIA (Evaluación de Impacto Ambiental):

  1. Que esté categorizado como de Alto Impacto Ambiental.
  1. Que esté categorizado como de Mediano Impacto Ambiental y que la Autoridad de Aplicación haya determinado que es susceptible de producir relevante efecto ambiental (de acuerdo con lo que establezca la reglamentación).
  1. Que la ciudadanía lo haya solicitado en el marco de los derechos conferidos por el Art. 26 de la Constitución (derecho al ambiente sano).

En la reglamentación (Dto.1152/99) se disponía en su Art. 1º que "Todos los rubros previstos en los Cuadros de Usos Nros. 5.2.1 a) y 5.2.1 b) del Código de Planeamiento Urbano quedan categorizadas conforme el cuadro del Anexo I y según resulte de la aplicación de los términos de la formula polinómica y del cuadro del Anexo II, que a todos sus efectos forman parte del presente decreto."

La ley 452 modifica la categorización de las actividades. Ahora sólo se categorizan como de Impacto Ambiental con o sin relevante efecto. El alto impacto ambiental pasa a llamarse "con relevante efecto" y el bajo impacto ambiental se denomina "sin relevante efecto", en una terminología tomada del texto constitucional.

Desaparece el Mediano Impacto Ambiental tal como estaba establecido anteriormente, por lo que algunas de las actividades que antes la ley presumía como de Mediano Impacto Ambiental, fueron incorporadas al listado de las actividades presumidas como de Relevante Efecto Ambiental. Ellas son:

  1. las actividades localizadas en áreas ambientalmente críticas
  1. las estaciones de expendio de combustible a pequeña escala
  1. las obras que demanden la deforestación de terrenos públicos o privados y la disminución del terreno absorbente
  1. las ferias, centros deportivos, salas de juego y lugares de diversión.

Para los puntos 1, 3 y 4 la ley dice que serán de relevante efecto de acuerdo con lo que establezca la reglamentación. O sea que, a priori, no todas las ferias o no todas las obras que demanden deforestación serán consideradas de relevante efecto ambiental.

Hay que destacar entonces, que las actividades comprendidas en estos cuatro puntos hoy requieren del procedimiento EIA teniendo en cuenta, claro esta, las acotaciones de la reglamentación. Antes, en cambio, como eran de Mediano Impacto, la Autoridad de Aplicación era quien decidía (fórmula polinómica mediante) si debían realizar el procedimiento EIA.

El resto de las actividades que originalmente comprendían la lista de Mediano Impacto Ambiental tuvieron dos destinos distintos, ser asimilado a Clase III (parecido a lo que antes era Mediano Impacto Ambiental) en el Cuadro de Usos del nuevo Decreto Reglamentario, o desaparecer de la ley, por lo que pasan a ser actividades sin relevante efecto ambiental. En cuanto a éstas últimas, son las siguientes:

  1. La construcción de edificios, de acuerdo con las condiciones que fije la reglamentación.
  1. La construcción, modificación y ampliación de edificios que demanden cualquier tipo de modificación en la infraestructura instalada o en la prestación de servicios públicos o de equipamiento, con las condiciones que fije la reglamentación.
  1. Las obras que demanden la modificación de la topografía.

El Dto. 1120/01, reglamentario de la nueva ley 123, modifica en los Cuadros de Usos del Código de Planeamiento Urbano 5.2.1 a) y 5.2.1.b) la categorización anterior, clasificando ahora a las actividades del siguiente modo:

  • Clase I a las consideradas de impacto ambiental con relevante efecto.
  • Clase II a las de sin relevante efecto ambiental.
  • Clase III a las que, a priori, no puede determinarse si son actividades con o sin relevante efecto ambiental. Éstas, a su vez, se dividen en Grupo 1 y Grupo 2. Las primeras se categorizan conforme el resultado de una fórmula polinómica y las segundas, de acuerdo con la Memoria Técnica que deben presentar.

La diferencia entre una actividad que antes era considerada de Mediano Impacto Ambiental y que ahora es Clase III radica en la herramienta que debe utilizar la Autoridad de Aplicación para determinar finalmente si es una actividad con o sin relevante efecto. En efecto, en el decreto anterior este tipo de actividades se sometían a una única fórmula polinómica cuyo resultado, si superaba el valor establecido para el rubro y distrito correspondiente en el Cuadro de Usos, determinaba que era una actividad con relevante efecto ambiental y por lo tanto debía cumplir con el procedimiento EIA.

En cambio, en el Cuadro de Usos del Dto. 1120/01, a las actividades Clase III se las clasifica además, como dijimos anteriormente, en Grupo 1 y Grupo 2. Estas últimas deben presentar una Memoria Técnica cuyo contenido está especificado en la reglamentación y queda a criterio de la Autoridad de Aplicación -análisis mediante de la información presentada-, si la actividad es declarada con o sin relevante efecto. Por el contrario, las clasificadas como Clase III, Grupo 1, a su vez se las divide en Subgrupos. Estos Subgrupos son los siguientes:

  • Subgrupo 1: Comercios mayoristas y depósitos
  • Subgrupo 2: Hoteles 4 y 5 estrellas
  • Subgrupo 3: Establecimientos de sanidad
  • Subgrupo 4: Residencia o establecimiento geriátrico
  • Subgrupo 5: Industria y servicios
  • Subgrupo 6: Estudios de TV
  • Subgrupo 7: Estación de radio y/o televisión. Telefonía móvil celular. Campo de antenas y equipos de transmisión
  • Subgrupo 8: Empresas de servicio de seguridad
  • Subgrupo 9: Autoservicios y supermercados
  • Subgrupo 10: Cines y auditorios

Cada uno de estos subgrupos tiene una fórmula polinómica propia de categorización, adaptada al rubro de actividad correspondiente. Así, por ejemplo, para el subgrupo Cines y Auditorios no se incluye en la fórmula el ítem "efluentes gaseosos" o el ítem "riesgo por sustancias químicas" que sí contiene, obviamente, el subgrupo Industrias y Servicios; pero tiene el ítem "alteraciones en el tránsito" que no tiene, por ejemplo, el subgrupo Establecimiento Geriátrico.

Ahora bien, el Dto. 1352/02 deroga al anterior y establece como pauta que la categorización de las actividades correspondientes al Cuadro de Usos 5.2.1.a) y 5.2.1.b) será Con Relevante Efecto (CRE), Sin Relevante Efecto (SRE) ó Con o Sin Relevante Efecto según correspondiere (s/c). Es decir que desaparece la anterior clasificación en Clase I, II o III.

Las actividades que en el Cuadro de Usos figuren como s/c, tienen además asignado un valor de corte, de modo que comparando dicho valor con el resultado de la fórmula aplicada a la actividad en cuestión, si el mismo es superado, la actividad será categorizada con relevante efecto ambiental.

El sistema de fórmula polinómica con valor de corte asignado en el Cuadro de Usos es similar al que se aplicaba antes a las actividades clasificadas como Clase III, Grupo 1. Sin embargo, el Dto. 1352/02 sólo ha incorporado la fórmula polinómica de autoservicios y supermercados y la de comercios mayoristas y depósitos, de modo que una gran cantidad de actividades que figuran en el Cuadro de Usos como s/c no tienen la correspondiente fórmula para aplicar y así poder categorizar el emprendimiento. Por ejemplo, la mayoría de las relacionadas con el rubro industrias. Esto significa que la Autoridad de Aplicación deberá categorizar estas actividades sin ninguna herramienta de referencia, lo que posiblemente dará lugar a muchas arbitrariedades.

2) EL PROCEDIMIENTO DE CATEGORIZACIÓN

Es sugestivo el cambio de sólo una palabra en el Art. 10º, lo cual ha dado lugar a malas interpretaciones respecto del momento en que debe realizarse el procedimiento EIA.

La ley 123 original establecía en su Art. 10º que: "Previamente a su ejecución o desarrollo, y cuando correspondiere, previo a su certificado de uso conforme, su habilitación, o autorización, toda persona y/o responsable de una nueva actividad, proyecto, programa o emprendimiento o modificación de proyectos ya ejecutados, presenta a la Autoridad de Aplicación una Solicitud de Categorización de su actividad para determinar si la misma debe ser sometida al Procedimiento Técnico - Administrativo de Evaluación de Impacto Ambiental (EIA). La solicitud tiene el carácter de declaración jurada."

Y en su Art. 11º decía que "La autoridad de aplicación, dentro de los diez (10) días hábiles de recibida la documentación procede a la categorización de actividades, proyectos, programas o emprendimientos en función de los potenciales impactos ambientales a producirse."

Aquí se ve claramente que la ley otorgaba a la Autoridad de Aplicación la responsabilidad de categorizar las actividades.

La modificación introducida por la ley 452 cambió el espíritu del procedimiento para aquellas actividades consideradas sin relevante efecto ambiental. En efecto, ahora la ley dice en su Art. 8º que "Las actividades, emprendimientos, proyectos y programas susceptibles de producir un impacto ambiental de relevante efecto, deberán cumplir con la totalidad del Procedimiento Técnico Administrativo de EIA. Las actividades, emprendimientos, proyectos y programas de impacto ambiental sin relevante efecto, deberán cumplir con las etapas a) y b) del Procedimiento Técnico Administrativo de EIA mediante una declaración jurada, y recibirán una constancia de inscripción automática de parte de la Autoridad de Aplicación de la presente Ley.

Se puede deducir, entonces, que ahora no es la Autoridad de Aplicación quien determina si una actividad es sin relevante efecto ambiental, sino que es el responsable del emprendimiento quien declara esta condición.

Esto se reafirma en el Art. 10º, que quedó redactado de la siguiente forma: "En forma previa a su ejecución, y cuando correspondiere, junto con su Certificado de Uso Conforme, su habilitación o autorización, toda persona y/o responsable de una nueva actividad, proyecto, programa, emprendimiento o modificación de proyectos ya ejecutados, presenta ante la Autoridad de Aplicación una declaración jurada de su categorización."

Entendemos que aquí se presentan dos cuestiones a tener en cuenta:

1) Por un lado, el cambio de la palabra "previo" por la palabra "junto". Si el objeto de la ley es prevenir los efectos que los emprendimientos puedan causar al ambiente, entonces, en concordancia con lo dispuesto en el Art. 5º: "Las actividades, proyectos, programas o emprendimientos de construcción, modificación y/o ampliación, demolición, instalación, o realización de actividades comerciales o industriales, susceptibles de producir impacto ambiental de relevante efecto, deben someterse a una Evaluación de Impacto Ambiental (EIA) como requisito previo a su ejecución o desarrollo, y cuando correspondiera, previo a su certificado de uso conforme, habilitación, o autorización.", los emprendimientos deben primero categorizarse, para saber si deben cumplir con el procedimiento EIA, y luego, si corresponde, se podrá autorizar o habilitar el mismo para que pueda comenzar a funcionar. Si resulta ser una actividad o emprendimiento con relevante efecto, la Declaración de Impacto Ambiental por parte de la Autoridad de Aplicación puede otorgar la autorización para la ejecución de la actividad, otorgarla de manera condicionada a su modificación de acuerdo con los requerimientos que se señalen, o negarla.

Es decir que el Art. 5º y el Art. 10º de la ley vigente se contraponen en este punto. La ley original presentaba una coherencia entre los objetivos planteados y el momento de la categorización de actividades, que actualmente no existe. Este es un grave error de la ley vigente, que atenta contra la prevención en materia ambiental.

2) Por otro lado, respecto de lo que dice el actual Art.º 10 en cuanto a que los responsables de emprendimientos deben presentar ante la Autoridad de Aplicación una declaración jurada de su categorización, existe el problema de las actividades que figuran en el Cuadro de Usos como s/c, porque no tienen categorización asignada. El responsable de esta clase de actividades, debe, en cumplimiento de la ley 123, presentar ante la Autoridad de Aplicación una solicitud de categorización (etapa a) del procedimiento EIA), pero no puede declarar su categorización, porque, de acuerdo con el Dto. 1352/02, Anexo VI, Art. 2º "Las actividades, proyectos, programas o emprendimientos sujetos a la referencia s/c de conformidad con las Pautas de Unificación previstas en el presente Anexo, utilizarán para establecer su categorización las fórmulas polinómicas y los estudios previstos en la presente reglamentación."

Ahora bien, en cuanto a las fórmulas polinómicas ya dijimos más arriba que hay muchos rubros de actividades que tienen asignada la clasificación s/c en el Cuadro de Usos, y no existe la fórmula polinómica correspondiente. Y respecto de los "estudios previstos en la presente reglamentación", éstos no se mencionan en ningún otro lugar de la norma. Por lo tanto, la gran mayoría de las actividades clasificadas como s/c no pueden cumplir con el punto de la presentación de la declaración jurada de su categorización dispuesto en la ley.

Sin embargo, hay que destacar que el Dto. 1352/02, Anexo I, Art.7º, al reglamentar el procedimiento de categorización, establece algo distinto a lo que se interpreta de la lectura de la ley: "Las solicitudes de categorización presentadas a partir de la entrada en vigencia de la presente reglamentación, y que no se encuentren enmarcadas en lo previsto en el Art. 13 de la Ley 123, deben dar cumplimiento a lo dispuesto en el inciso a) del Art. 9° de la Ley 123, procediendo la Autoridad de Aplicación a su categorización, de conformidad con lo establecido por el inciso b) del Art.9º de la mencionada ley, dentro del décimo día de su recepción."

Aquí se observa que quien categoriza las actividades, es, en definitiva, la Autoridad de Aplicación; pero a continuación, el Art. 11º dice que "Las declaraciones juradas que acompañen la solicitud de categorización se presentarán de conformidad con el Anexo II de esta reglamentación."

Dichos formularios de declaración jurada contienen información sobre el emprendimiento o actividad, pero al final de la misma dice lo siguiente:

Categorización de Impacto Ambiental de: ____________________________________

Observaciones:

Los datos consignados revisten el carácter de Declaración Jurada

Fecha:

Titular de la actividad:

Firma y Aclaración:

Documento (tipo y número):

Domicilio:

Profesional:

Firma y Aclaración:

Documento (tipo y número):

Matrícula (tipo y número):

Domicilio:

Es decir que, finalmente, y a pesar de todas las contradicciones ya apuntadas respecto de la ley vigente y de su decreto reglamentario, la declaración jurada que acompaña la solicitud de categorización ya contiene la categorización (valga la redundancia) firmada por el titular y el profesional responsable de la actividad.

¿Cómo se explica esta confusión?

¿Cómo se instrumenta la declaración jurada en el caso de actividades clasificadas como s/c?

3) LA CONSTRUCCIÓN Y MODIFICACION DE EDIFICIOS

Es elocuente el cambio producido en la ley respecto de este ítem. La ley original los consideraba de Mediano Impacto Ambiental, por lo tanto, aquellos emprendimientos que por ejemplo, comprometían la infraestructura de servicios o provocaba alteraciones en el tránsito; como debían aplicar la fórmula polinómica, podían dar como resultado un valor superior al valor de corte y ser considerados susceptibles de relevante efecto ambiental.

Grandes torres -del tipo de las construidas en Puerto Madero-, deberían haber pasado por el procedimiento EIA, de estar vigente esta norma en el momento de solicitar su categorización.

Sin embargo, con la modificación de la ley 123 (que elimina el Mediano Impacto Ambiental), las obras de vivienda, ya sea individual o colectiva, pasan a considerarse sin relevante efecto ambiental. Y aquí no existe distinción entre una casita unifamiliar o un complejo de torres de 50 pisos que ocupen tres cuartos de manzana. El Decreto reglamentario 1120/01 los consideraba Clase II (o sea, sin relevante efecto) y el nuevo Decreto 1352/02 los categoriza como SRE (sin relevante efecto).

4) LAS ACTIVIDADES EN AREAS AMBIENTALMENTE CRITICAS

Las actividades localizadas en áreas ambientalmente críticas eran consideradas de Mediano Impacto Ambiental por la ley 123, dado que formaban parte de la lista enunciativa del antiguo Art. 14º.

En este sentido, el Dto. reglamentario 1252/99 establecía que asociaciones profesionales y empresariales, instituciones y ONGs con incumbencia en el tema, debían ser convocadas por la Autoridad de Aplicación para que en el término de 120 días determinaran las áreas ambientalmente críticas.

Cuando se modificó la ley 123, desapareció el Mediano Impacto Ambiental y las actividades o usos a desarrollar en áreas ambientalmente críticas se incluyeron en la lista enunciativa de lo que se presume como de Impacto Ambiental con relevante efecto, con la aclaración de "según lo establezca la reglamentación" (Art. 13, inciso m. de la ley 123).

El Dto. 1120/01, que reglamentó la ley 123 luego de la modificación introducida por la ley 452, delimitaba dos áreas ambientalmente críticas:

  1. El "Área Ambientalmente Crítica Sur", en función de los conflictos que presenta debido a la saturación del transporte automotor de carga. Los depósitos, centros de logística y distribución, garajes para camiones, terminales de carga por automotor y plataformas de transferencia, etc. se consideran de impacto ambiental con relevante efecto y deben cumplir con el procedimiento EIA.
  1. El "Área Ambientalmente Crítica Zona Central", en función de la congestión vehicular que presenta. Los garajes comerciales y playas de estacionamiento se consideran de impacto ambiental con relevante efecto.

Este decreto también decía que la Autoridad de Aplicación podía "ampliar, modificar o suprimir las áreas ambientalmente críticas existentes o delimitar nuevas, en virtud de la identificación de procesos urbanos ambientales que así lo aconsejen."

El decreto 1352/02, actualmente vigente, al derogar al Dto. 1120/01 elimina todo lo que se había dispuesto respecto de las áreas ambientalmente críticas y no establece nada en su reemplazo.

Por lo tanto, el inciso m. del Art. 13º de la ley 123, que supedita a la reglamentación el establecimiento de las áreas ambientalmente críticas, hoy no está reglamentado

5) LA DEFORESTACION Y LA DISMINUCIÓN DEL TERRENO ABSORBENTE

Otro punto que formaba parte de la lista de lo que se consideraba Mediano Impacto Ambiental eran "Las obras que demanden la deforestación de terrenos públicos o privados, la disminución del terreno absorbente y/o la modificación de la topografía." (Art. 14º, inc.g. de la Ley 123, derogado).

El Dto. 1252/99 reglamentaba respecto de este inciso que "Las obras que demanden la deforestación de terrenos públicos o privados de más de 5.000 m.², como así también cuando en terrenos de la extensión antes mencionada se proyecte la disminución en más del 50% del terreno absorbente existente, serán consideradas como de alto impacto ambiental."

Luego, la Resolución 1/99 de la Secretaría de Medio Ambiente reemplazó para estos casos la frase "serán consideradas como de alto impacto ambiental." por "serán consideradas de mediano impacto ambiental...".

Con la modificación de la ley 123, este inciso fue incorporado con algunos cambios a la lista de lo que se presume como de impacto ambiental con relevante efecto; ahora dice: "Las obras que demanden la deforestación relevante de terrenos públicos o privados y la disminución del terreno absorbente, según surja de la reglamentación de la presente." (Art. 13, inc.n.)

En este sentido, la reglamentación (Dto. 1120/01) disponía que las actividades a desarrollarse en una superficie mayor a 10.000 metros cuadrados –o sea, mayor a una manzana tipo- debían solicitar su categorización a la Autoridad de Aplicación a los fines de determinar si la deforestación, la disminución del suelo absorbente, su demanda sobre la infraestructura vial o de servicios existentes, hacen que los mismos resulten con o sin relevante efecto ambiental.

Por lo que se puede ver, las exigencias en cuanto a la evaluación del impacto ambiental de la deforestación y la disminución del terreno absorbente han ido disminuyendo hasta finalmente desaparecer por completo. Antes debían realizar el procedimiento EIA las obras que demanden la deforestación de más de 5.000 metros cuadrados; luego, en cambio, sólo son sometidos a consideración de la Autoridad de Aplicación los emprendimientos a realizarse en más de 10.000 metros cuadrados. Es decir que una obra o actividad que ocupe, por ejemplo, 9.500 metros cuadrados con un alto porcentaje de forestación (o sea, casi una manzana tipo) y que deforeste la totalidad del terreno, podía no someterse a EIA. Un ejemplo: la construcción de un complejo de edificios en un terreno baldío cuya superficie sea menor a 10.000 metros cuadrados.

Lo mismo ocurre con la disminución del terreno absorbente, ya que antes se consideraban de alto impacto ambiental las obras que impermeabilicen terrenos en una superficie de, como mínimo, 2.500 metros cuadrados. En cambio, el Dto.1120/01 al someter a consideración de la Autoridad de Aplicación los emprendimientos de más de 10.000 metros cuadrados, deja fuera una gran cantidad de obras pasibles de disminuir notablemente la capacidad absorbente del terreno.

Finalmente, el nuevo decreto reglamentario 1352/02 no establece nada respecto de este inciso, por lo que nuevamente nos encontramos ante un punto de la ley 123 que ha quedado sin reglamentar.

6) LA MODIFICACIÓN DE LA TOPOGRAFÍA

Las obras que demanden la modificación de la topografía eran consideradas de Mediano Impacto Ambiental (Art. 14, inc.g. de la ley 123, derogado)

Su reglamentación establecía que se consideraban de alto impacto ambiental las obras a llevarse a cabo en cualquier parcela cuando se proyecte una modificación sustancial de su topografía. Esto significa que un emprendimiento, aunque en el Cuadro de Usos figurase como de Bajo o Mediano Impacto Ambiental, si la Autoridad de Aplicación entendía que modificaba sustancialmente la topografía, debía someterse al procedimiento EIA.

Al cambiar la ley 123 desaparece este punto, por lo que la modificación de la topografía ya no es considerado un elemento que merezca una evaluación de impacto ambiental.

7) LOS GRANDES EMPRENDIMIENTOS

La ley original consideraba de Mediano Impacto Ambiental a aquellos emprendimientos de edificios que impliquen una modificación en la infraestructura instalada o en la prestación de servicios públicos o de equipamiento.

En este sentido, debían desarrollar la fórmula polinómica a fin de determinar si les correspondía realizar o no, el procedimiento EIA.

En la ley vigente, en cambio, se incluyen como de impacto ambiental con relevante efecto a: "Los grandes emprendimientos que por su magnitud impliquen superar la capacidad de la infraestructura vial o de servicios existentes." (Art. 13, inc.p.). Dentro de los grandes emprendimientos se entiende que están incluidos los edificios, en tanto y en cuanto superen la capacidad antes mencionada.

Sin embargo, el decreto reglamentario 1120/01 establecía en su Anexo I, Art. 4º que "Las actividades, proyectos, programas o emprendimientos que se desarrollan en predios con una superficie mayor a diez mil (10.000) metros cuadrados deben solicitar su categorización ante la Dirección General de Política y Evaluación Ambiental, para consideración e informe de la Comisión Interfuncional de Habilitación Ambiental, a los fines de determinar si la deforestación, la disminución del suelo absorbente, su demanda sobre la infraestructura vial o de servicios existentes, hacen que los mismos resulten con o sin relevante efecto ambiental, conforme a los incisos n) y p) del Artículo 13º) de la Ley Nº 123.

Aquí se plantea una cuestión: si la ley presume de relevante efecto ambiental al emprendimiento que implique superar la capacidad de la infraestructura existente, la reglamentación no puede acotarlo a aquellos que superen los 10.000 metros cuadrados de superficie. Existen obras que ocupando una superficie menor, hacen desbordar la capacidad de infraestructura, como por ejemplo, las torres de vivienda de 50 pisos.

De todos modos, la reglamentación vigente (Dto.1352/02) es aún peor en este aspecto, dado que, como ya hemos visto en otros puntos, no reglamenta los incisos del Art. 13 de la ley 123 tal como la ley lo demanda. En este sentido, el Decreto pretende reglamentarlos diciendo que las actividades que en el Cuadro de Usos tengan la categorización "con relevante efecto" (CRE) se considerarán incluidos en la enumeración del Art. 13 de la ley 123. ¿Pero qué pasa con los emprendimientos que no tienen esa categorización en el Cuadro de Usos?

Cabe aclarar que de dicho Cuadro es imposible deducir si para la instalación de una determinada actividad hubo que deforestar el terreno, disminuir la cantidad de suelo absorbente, modificar la infraestructura vial o de servicios existentes, o si estará ubicada en un área ambientalmente crítica.

Por ejemplo, para la instalación de un hotel de cuatro estrellas, hoy considerado sin relevante efecto ambiental en el Cuadro de Usos, puede que sea necesario modificar la infraestructura de servicios existente. Por lo tanto, cuando el responsable del emprendimiento presente su solicitud de categorización, la Autoridad de Aplicación es quien debe evaluar en el término de 10 días si, a pesar de que en el Cuadro de Usos figure como sin relevante efecto ambiental, existe algún factor que modifique dicha categorización.

Sin embargo, si bien la solicitud de categorización contiene una somera información sobre distintos aspectos que hacen al posible impacto ambiental del establecimiento, pensamos que no es suficiente para determinar la categorización en tan breve plazo, sobre todo por la dificultad para corroborar si los datos volcados son correctos.

LAS MODIFICACIONES DE LA LEY 123 Y SUS DECRETOS REGLAMENTARIOS. SUS CONSECUENCIAS

(Segunda y última parte)

                                                                                                   Por Mabel Santoro

8) LA PARTICIPACIÓN DE LA CIUDADANIA

La ley original otorgaba a los ciudadanos el derecho a solicitar la evaluación de impacto ambiental de cualquier emprendimiento, aunque fuera considerado por la ley como sin relevante efecto, en el marco de los derechos conferidos por el Art. 26 de la Constitución de la Ciudad, de acuerdo con la reglamentación.

Recordemos los dos párrafos de este importante artículo constitucional que se relacionan con la ley 123: "El ambiente es patrimonio común. Toda persona tiene derecho a gozar de un ambiente sano, así como el deber de preservarlo y defenderlo en provecho de las generaciones presentes y futuras. Toda persona tiene derecho, a su solo pedido, de recibir libremente información sobre el impacto que causan o pueden causar sobre el ambiente actividades públicas o privadas."

Ahora bien, la reglamentación no dispuso nada con respecto a esto. Otra vez nos encontramos con mandatos de la ley, de los cuales la administración hace caso omiso.

De todos modos, si se hubiera reglamentado habría sido por poco tiempo, porque con la modificación de la ley este punto desapareció.

9) LAS INFRACCIONES A LA LEY

El capítulo de la ley correspondiente a infracciones no fue modificado. No obstante, es importante señalar lo dispuesto por los decretos reglamentarios en este sentido.

El Dto. 1252/99, que reglamentaba la ley original, no establecía nada al respecto, por lo que se entiende que bastaba con lo redactado en la ley.

El Dto. 1120/01 -reglamentario de la ley 123 modificada- disponía, en cambio, una serie de medidas para llevar a la práctica el poder de policía que la ley otorga a la Autoridad de Aplicación. En este sentido, creaba un Cuerpo de Inspectores de Control de Aplicación de la Normativa de Evaluación de Impacto Ambiental y establecía el procedimiento para la aplicación de las sanciones.

Al derogarse este decreto y reemplazarse por el Dto.1352/02, desaparece el Cuerpo de Inspectores; no obstante dispone, al igual que el decreto anterior, el procedimiento de aplicación de sanciones.

Este procedimiento quedó redactado de manera muy similar, pero el agregado de una pequeña palabra ha cambiado en algo el sentido de lo dispuesto por la ley. En efecto, la misma dice en su Art. 38º que las actividades, proyectos, programas o emprendimientos o las ampliaciones de las mismas que se inicien sin contar con la Declaración de Impacto Ambiental o que no cumplan con las exigencias, seguimiento y controles que establezca dicha Declaración serán suspendidas o clausuradas de inmediato.

El Dto.1120/01, ordenaba, en este sentido, que "Elevado el dictamen, la Autoridad de Aplicación cuenta con 5 días para expedirse sobre las medidas preventivas a ordenar, las que consistirán en la suspensión o clausura, según corresponda..." (Anexo I, Art.º 50)

En cambio, el Decreto vigente establece que en los casos en que se detecten infracciones en los términos previstos en los Art. 38 y 39 de la ley 123, "La Autoridad de Aplicación puede aplicar medidas preventivas, las que podrán consistir en la suspensión o la clausura de las actividades, proyectos, programas o emprendimientos que se encuentren en infracción de la Ley Nº 123, hasta que estos regularicen su situación." (Anexo I, Art. 28º)

Al decir "puede", da lugar a que la medida preventiva pueda ser aplicada o no, según criterio de la Autoridad de Aplicación, a pesar de haberse detectado una infracción. Sin embargo, la ley ordena suspender o clausurar de inmediato como medida preventiva.

Esta reglamentación permite arbitrariedades que no se corresponden con lo dispuesto en la ley.

10) EL CONSEJO ASESOR

Otro cambio importante se da con las funciones del Consejo Asesor. En la ley original este Consejo formaba parte del Procedimiento EIA ya que la Autoridad de Aplicación debía remitirle toda presentación de Manifiesto y Estudio Técnico y éste debía contestar en el plazo de quince días con un informe sobre las observaciones que estimare oportunas. Esta función del Consejo Asesor ha desaparecido. En este sentido, el Consejo sólo ha quedado para responder consultas puntuales de casos específicos cuando la Autoridad de Aplicación lo crea conveniente.

11) LA CATEGORIZACIÓN DE ACTIVIDADES EN DISTRITOS DE URBANIZACIÓN DETERMINADA, URBANIZACIÓN FUTURA, EQUIPAMIENTO ESPECIAL Y AREAS DE PROTECCIÓN HISTORICA.

El Cuadro de Usos 5.2.1. a y b del Código de Planeamiento Urbano detalla qué usos son permitidos y bajo qué condiciones en los distritos Residencial, Central, Equipamiento 1, 2 y 3 y distrito Industrial. Para conocer qué usos se permiten en los demás distritos del Código de Planeamiento, se deben consultar otras partes y cuadros del código.

Este significa que el Cuadro de Usos que se utiliza en la reglamentación de la ley 123 para categorizar a las actividades por su impacto ambiental, no está completo.

Para salvar este problema, es importante destacar que la anterior reglamentación –Decreto 1120/01- contenía una Tabla de Correlación (Anexo VIII) de Distritos U (urbanización determinada) en la que cada uno de éstos se asimilan a distritos de zonificación general (R, C, I, o E1, E2, E3) en lo referente a los usos permitidos, al sólo efecto de la aplicación del Cuadro de Categorización de Impactos.

En este sentido, por ejemplo, el U28, que corresponde al barrio Belgrano R, se asimilaba al distrito Residencial R1bII –un distrito residencial de baja densidad, en donde se permiten muy pocas actividades-; y el U17, correspondiente a Villa Soldati, asimilaba una zona a E3 y la otra a distrito I (industrial).

Por otra parte, dicho Anexo también disponía que toda actividad que se pretenda desarrollar en los Distritos Equipamiento Especial (E4), Urbanización Futura (UF) y Área de Protección Histórica (APH), deberá solicitar su categorización ante la Autoridad de Aplicación.

El nuevo decreto reglamentario 1352/02 no incorpora la Tabla de Correlación ni dispone, como lo hacía el Dto. 1120/01, lo relativo a la categorización de actividades en distritos E4, UF y APH.

Se puede argumentar que no es necesario este Anexo en la norma, dado que –de acuerdo con el Dto.1352/02, Anexo I, Cap.III.- la Autoridad de Aplicación recibe todas las solicitudes de categorización y es quien debe categorizar las actividades. Sin embargo, pensamos que es muy importante que la reglamentación establezca concretamente las pautas de categorización, de modo que quien quiera realizar una actividad en nuestra ciudad, pueda deducir de la lectura la norma y la aplicación de fórmulas polinómicas, si su emprendimiento será considerado con o sin relevante efecto ambiental.

LAS MOTIVACIONES Y CONTRADICCIONES EN EL TRATAMIENTO DE LA LEY

Luego de haber analizado las modificaciones más importantes a la ley de evaluación de impacto ambiental; nos parece que este trabajo es incompleto si no muestra algunos párrafos de la discusión generada entre los legisladores durante su tratamiento, que creemos interesante resaltar, ya sea por la oposición presentada como por las implicancias de lo aprobado:

En efecto, no todos estuvieron de acuerdo con la sanción de la ley 123 original tal como fue aprobada y lo mismo ocurrió con las modificaciones propuestas por ley 452.

La lectura de las versiones taquigráficas de ambos momentos, es un documento de valor para comprender la complejidad técnica de la ley, como así también la preocupación de los legisladores por la importancia que tiene en el desarrollo de actividades y emprendimientos en la ciudad.

El despacho del proyecto de ley de evaluación de impacto ambiental es la síntesis de un trabajo que involucró meses de discusión y búsqueda de consenso entre los integrantes de las comisiones que debatieron el proyecto: las Comisiones de Ecología, Planeamiento Urbano, Desarrollo Económico y MERCOSUR y Políticas de Empleo. Durante este proceso también fueron consultados los sectores interesados: profesionales y académicos, ONGs, empresarios, cámaras empresariales y consultores.

Como no se pudo llegar a un consenso común, se presentaron un despacho de mayoría y un despacho de minoría para su tratamiento en el recinto.

La principal diferencia del despacho de minoría se encuentra en el procedimiento para la categorización de actividades. La misma estaría a cargo de la Autoridad de Aplicación, quien en diez días y según el resultado de la aplicación de una ecuación polinómica denominado Índice de Impacto Ambiental (IIA), se categorizarían las actividades en Bajo, Mediano y Alto Impacto Ambiental. Estos dos últimos deberían cumplir con el procedimiento EIA completo.

Cuando hablemos de la ley 123 original, nos referiremos de ahora en más al despacho de mayoría dado que es el aprobado, aunque con algunas modificaciones propuestas en el recinto.

Veamos cómo se discutieron aquellos puntos que nos parecen interesantes:

1) Los motivos por los cuales ha sido redactada la ley que nos ocupa se los puede encontrar en los "considerandos" del despacho.

Los considerandos de la ley 123 original se destacan por su extensión y detalle. Rescatamos dos párrafos sobre los motivos que impulsaron esta ley:

"Debe considerarse que la Ciudad se encuentra inmersa en un profundo proceso de transformación edilicia y de uso del espacio urbano. Se destacan los siguientes fenómenos: a) la construcción de grandes torres que se levantan en terrenos de cierta magnitud dejando libre espacios verdes de uso exclusivo de los propietarios; b) La urbanización o utilización de tierras ganadas al río; c) La nueva estructura portuaria; d) La reurbanización de la zona de Retiro; e) Las nuevas redes de transporte subterráneo, y f) La incorporación de Puerto Madero a la vida urbana. En estos emprendimientos que ya se están realizando no se toman en cuenta los impactos ambientales al no resultar operativa la cláusula del Art. 30 de la Constitución de la Ciudad. Respecto de los ya iniciados el proyecto que se acompaña crea un régimen de adecuación. Pero sentimos que la vorágine de los tiempos en que vivimos hace que la sanción de la norma propuesta resulte de suma urgencia."

"La evaluación hasta el presente se ha reducido a corregir desajustes sobre proyectos en ejecución perdiendo así su carácter de instrumento preventivo de dirección de la planificación ambiental y del desarrollo social y ecológico. Por ello se enfatiza la necesidad de que la evaluación del impacto sea realizada previamente a la iniciación de cualquier obra u actividad."

Como puede observarse, en aquel año 1998 preocupaba a los legisladores la construcción de grandes torres y la necesidad de que se evalúen los impactos ambientales en forma previa a la iniciación de los emprendimientos. Ambos puntos quedaron plasmados en la entonces Ley Nº 123.

Luego esta ley fue modificada por la Ley Nº 452, de modo tal que las grandes torres quedaron fuera de toda posibilidad de evaluación de impacto ambiental (salvo contadas excepciones que se enmarquen en algún inciso del Art. 13) y por otro lado, la necesidad de evaluación ambiental previa a la habilitación o certificado de uso conforme de la actividad ya no es tan clara. ¿Qué ocurrió para impulsar semejante cambio?

Si leemos los motivos que llevaron a la modificación de la ley 123, veremos que la intención ha sido simplificar los trámites en detrimento del verdadero objeto de la ley:

"Que la reglamentación citada anteriormente genera innecesarios problemas, sobre todo para el registro de planos de obras o habilitaciones en las actividades de mediano impacto sin relevante efecto y de bajo impacto ambiental, que no son precisamente aquellas que motivaron el interés de los constituyentes y de los legisladores en materia de preservación del medio ambiente que, como ya se señalara en el artículo 27º, incisos 7, 8, 10, 11, 12 y 13 de la Constitución de la Ciudad, se centra en aquellos emprendimientos susceptibles de producir un relevante efecto.

Que en función de lo expuesto anteriormente, se propone una lista enunciativa de las actividades, proyectos, programas y/o emprendimientos que se presumen como de Impacto Ambiental con relevante efecto, con la que quedarán claramente obligadas a cumplir con los procedimientos previstos, las actividades cuyo desarrollo puede afectar las adecuadas condiciones ambientales en su entorno."

Sin embargo, no todos los diputados estuvieron de acuerdo con esta modificación. Fue muy interesante la discusión parlamentaria, en donde se plantearon cuestiones de fondo que hoy siguen sin solución. Veamos lo que se dijo en el recinto:

"Es cierto –planteando en este caso una autocrítica como integrante del oficialismo– que no fue del todo feliz la reglamentación que se hizo de la ley y que esa reglamentación, en lugar de clarificar lo que –a mi juicio- era una ley bastante confusa, que permitía un grado de arbitrariedad o de poca claridad con relación a las definiciones que iba tomando, tal vez, la confundió aún más.

En función de esto es que estamos proponiendo la modificación a la ley. Y decía que, fundamentalmente, lo que estamos haciendo es eliminar de esta norma lo que anteriormente se definía como "mediano impacto ambiental", que era la zona más oscura y que ha dejado un grado excesivo de discrecionalidad al Poder Ejecutivo."

A lo cual la Dip. Kismer de Olmos responde:

"La verdad es que estamos actuando otra vez bajo presión; presión de los intereses que, con legitimidad quieren trabajar en la ciudad y ven postergados los proyectos porque no hay decisión en la administración. Entonces, no encuentran mejor solución que eludir el objetivo para el cual se había sancionado la ley, que es tratar de prevenir los problemas de afectación del medio ambiente por la vía de las actividades económicas y productivas que se normaron en la Ciudad de Buenos Aires, y se pretende ir a un sistema simplificado, que divida las actividades simplemente en "con" o "sin" relevante efecto, para terminar pasando la mayoría como "sin relevante efecto"; es decir, sin un pormenorizado análisis de la administración que permita prever los daños posibles contra el medio ambiente y, por sobre todas las cosas, que permita exigir inversiones descontaminantes y reparaciones al medio ambiente, que es uno de los derechos que están establecidos en la Constitución de la Ciudad."

2) Merece una lectura especial la discusión en torno al derecho que tenían los ciudadanos en la ley 123 original, de solicitar el procedimiento EIA completo sobre emprendimientos que, a priori, no estuvieran comprendidos.

El despacho de la ley decía:

Art. 8º - Se consideran actividades, proyectos, programas o emprendimientos, sujetos obligatoriamente al Procedimiento Técnico - Administrativo de Evaluación de Impacto Ambiental a:

a) los de Alto Impacto Ambiental, así categorizados por ser susceptibles de producir relevante efecto ambiental;

b) los de Mediano Impacto Ambiental, así categorizados y cuando lo indique la reglamentación respectiva por ser susceptibles de producir relevante efecto ambiental, y

c) aquellos para los que la ciudadanía lo solicite, de acuerdo con la reglamentación.

Cuando se discutió este despacho en el recinto, se propuso una modificación al inciso c) en los siguientes términos:

"solicito una modificación en el inciso c) del Artículo 8°. Sugiero que se suprima la expresión "... para que la ciudadanía lo solicite, de acuerdo con la reglamentación" y que se agregue la siguiente: "... lo solicitado por la ciudadanía, en uso de las facultades que le confiere el Artículo 26 de la Constitución de la Ciudad de Buenos Aires"."

Dicha modificación fue aceptada, pero con una salvedad:

"En cuanto al inciso c) del artículo 8°, entiendo la preocupación del diputado Peirano. No me parece mal incluir el artículo 26 como algo incorporado en cuanto al uso de esos derechos ambientales. Lo que sí entiendo es que va a ser inevitable la reglamentación. Se podría redactar así: "Aquellos para los que la ciudadanía lo solicite, en ejercicio de los derechos conferidos en el artículo 26 de la Constitución porteña, de acuerdo con la reglamentación". Porque la reglamentación va a requerir una serie de especificaciones que, a nosotros, no nos pareció apropiado considerar, tales como la cantidad de firmas que se requieren, condiciones, etc. En fin, hay toda una serie de elementos cuantitativos y cualitativos que sería redundante establecer en esta ley".

Luego el diputado Beliz hizo una aclaración muy importante que, como veremos después, será totalmente ignorada cuando se modifique la ley 123 y desaparezca este inciso:

"Toda persona tiene derecho a gozar de un ambiente sano, así como el deber de preservarlo y defenderlo en provecho de las generaciones presentes y futuras...", vemos que hay elementos que no sólo hacen –me permito aclararlo– a la cuestión de recibir libremente información que, por otra parte, estaría contemplado en la Ley de Información que aprobamos hace unos días. En ese sentido, no creo que sea pertinente solamente focalizar el Artículo 26 en su último párrafo."

Así se gestó el luego maltratado inciso c). Veamos ahora lo que ocurrió con él cuando se discutió la modificación de la ley 123:

"El inciso c) hace referencia al Artículo 26° de la Constitución de la Ciudad de Buenos Aires que, claramente, nos plantea que "toda persona tiene derecho a recibir libremente información sobre el impacto que causan o pueden causar sobre el ambiente actividades públicas o privadas". Tiene derecho a recibir libremente información.

En la comisión, la diputada Lestingi, fue autora –junto con los diputados Beliz y Argüello de esta Legislatura– de un proyecto de ley que fue aprobado y que hoy es la Ley de Derecho a la Información Ambiental; por lo tanto, consideramos redundante seguir incluyendo dentro del texto de la Ley 123 este inciso, cuando hay una ley sancionada que reglamentaba el texto constitucional.

Y así se justificó la desaparición del inciso c) y con él se fue la posibilidad de los ciudadanos de solicitar la evaluación de impacto ambiental. Se indujo a creer que era innecesario porque el Art. 26 de la Constitución de la Ciudad garantiza el derecho a la información, pero no dijeron que el mismo artículo habla también del derecho a tener y defender un ambiente sano. En el marco de esto último, tal como lo decía el Diputado Beliz un año y medio antes, es que el ciudadano podía tener derecho a solicitar el procedimiento EIA.

Por supuesto, no todos los legisladores estuvieron de acuerdo con la quita del inciso c):

"no compartimos lo que aquí se ha dicho respecto del Artículo 26; efectivamente, éste garantiza el derecho a la información, pero nosotros estamos hablando de la participación de las personas en relación a solicitar, en determinada situación, que se califique de relevante o no determinado emprendimiento o determinada actividad."

Pero no alcanzó el número de diputados para oponerse a su aprobación.

3) Con respecto al procedimiento EIA para los emprendimientos sin relevante efecto, han sido interesantes los argumentos de oposición de la Dip. Kismer de Olmos. En efecto, en oportunidad de la discusión respecto de la modificación propuesta -y luego aprobada- de que los emprendimientos sin relevante efecto cumplan con las etapas a) y b) del procedimiento de evaluación de impacto ambiental mediante la presentación de una declaración jurada, expresó lo siguiente:

"Por lo tanto, está claro que para todas estas actividades no habrá ni siquiera una información mínima de carácter técnico que le permita a la administración saber si, efectivamente, hay algún efluente de riesgo sobre el cual deba actuar.

Nosotros no coincidimos con el Código que sancionó la dictadura militar que lleva implícita la concepción de la Carta de Atenas y que, lamentablemente, sigue perdurando en la concepción de calificar a las actividades de acuerdo con el prejuicio del planificador.

Para nosotros, no hay actividades contaminantes y actividades no contaminantes; para nosotros hay actividades que se desenvuelven de una manera contaminante y actividades que se desenvuelven de una manera no contaminante. Y la diferencia está en la tecnología que se aplica; además, si algo es dinámico en la actualidad, es la tecnología.

De manera que seguir con un cuadro de usos que vuelve a utilizar los emplazamientos de acuerdo con el prejuicio que los arquitectos tienen sobre las actividades productivas, y no permitir una dinámica económica basada en la conducta real, es un atraso significativo para la gestión en la Ciudad de Buenos Aires.

La verdad es que nosotros habíamos pensado que con la Ley 123 se estaba avanzando en ese sentido y que se podría llegar, en algún momento, a suprimir el cuadro de usos y reemplazarlo por la aplicación de la Ley 123. Pero lo que hoy estamos haciendo es anularla."

4) Otro punto que ha generado debate es el relativo al modo y al momento en que la Autoridad de Aplicación debe categorizar las actividades y emitir el certificado de aptitud ambiental y su compatibilización con los trámites vigentes. No olvidemos que el despacho de minoría presentaba un sistema de categorización diferente basado en una ecuación polinómica a la cual se someterían todos los emprendimientos o actividades cuyo resultado determinaría si se debía cumplir o no con el procedimiento EIA completo. Veamos qué se dijo al respecto:

"La pregunta que nos surge es la siguiente: ¿se ha meditado debidamente el alcance de la discrecionalidad de la autoridad de aplicación en este tema que recién comenzamos a transitar, y que es tan sensible para la vida de los vecinos?"

"habría que poner "previo a la emisión del certificado de uso conforme" y no confundirlo con "habilitación" o "autorización" porque, en principio, no sé qué quiere decir "autorización" en la administración de la Ciudad. Lo que otorga la Ciudad son permisos, permisos precarios, concesiones, pero no conozco la figura de "autorización"; sí, en cambio, la de "permiso" y también la de "habilitación". Éstas son las figuras que otorga la administración. El certificado de uso conforme no lo otorga –no es un otorgamiento–, sino que lo emite un profesional."

"... me parece que estamos planteando algo que, desde el punto de vista de la tramitación, no queda claro. Es más, si un profesional emite el certificado de uso conforme, se está en condiciones de pedir el permiso de obra y obtenerlo si, obviamente, coincide con el Código. Una vez obtenido el certificado de obra, se hace la construcción. Alguien podría plantear que, terminada la construcción, recién en el momento de pedirse la habilitación se determinara que hace falta este certificado de aptitud ambiental."

A lo cual se contestó:

"Nos parece que el ordenamiento va a surgir a partir de que, si llega a producirse alguna dificultad, se encargará esta Comisión Interfuncional; y que el carácter de "previo" que viene del Artículo 30 de la Constitución, en realidad, debería llevar a simplificar los tramites, y no a hacerlos más engorrosos o a complicarlos, porque el certificado de aptitud ambiental puede incluso simplificar trámites posteriores para realizar una obra, como el certificado de aprobación técnica, etc.

De modo que nosotros entendemos que es previo cualquier tipo de análisis a todos los demás tramites que se tienen que realizar.

...si entendí bien lo que ella señalaba, con que el certificado de uso permitido y uso conforme, es anterior a la habilitación. Y si es anterior a la habilitación, para que quede más explícito, podríamos poner "...previo a su certificado de uso conforme, habilitación o autorización...", etc. Si se trata de enfatizar eso porque el tramite es previo, lo podríamos poner antes.

5) Veamos la discusión en torno al concepto "impacto ambiental de relevante efecto". Esta frase no es propia de la ley 123, sino que son los términos usados por el Art. 30 de la Constitución de la Ciudad. De modo que los legisladores han hecho su interpretación de la misma. Se trata, nada más y nada menos, que de la definición del objeto de la ley.

"Para quienes trabajamos en esta ley, el "impacto ambiental de relevante efecto" es aquel impacto ambiental cuyos efectos directos o indirectos se extienden en el tiempo. El concepto de "extensión en el tiempo" eliminaría de la realización de un estudio de impacto ambiental la puesta en marcha de un recital en la vía pública, que no esté vinculado a un estadio. Si el recital estuviera vinculado a un estadio, el estadio tendrá previamente el estudio de impacto ambiental."

"...en cuanto a que solamente se debe tener en cuenta cuando su efecto subsiste en el tiempo, quiero decir que me parece que no es la única condición para determinar que algo tiene o produce relevante efecto o impacto ambiental. Una actividad podría no tener persistencia en el tiempo, pero si la actividad o el emprendimiento hubieran estado mal organizados, podrían producir un impacto muy impresionante, como ha ocurrido, incluso con muertes, en la provincia de Buenos Aires."

En ocasión del tratamiento de las modificaciones a la ley 123, se vuelve sobre este punto:

"...esta ley falló porque no pudo definir "relevante". Al no poder definir "relevante", al no determinar quién va a caracterizar de relevante un emprendimiento o una actividad, al no fijar cuál es la ecuación que se va a utilizar y cuáles son los parámetros, siempre estamos encerrados en el mismo círculo.

Por eso, de alguna manera quería contribuir con tres modificaciones en el glosario que se aproximarían para que después la autoridad de aplicación encontrara una solución. Inclusive, tengo entendido que la ecuación que se utiliza está mal utilizada; hay términos mal utilizados; no se utilizan escalas. Por lo tanto, se puede otorgar la característica de "relevante" a algo que no lo es. Estoy proponiendo esto para facilitar la solución de muchos problemas. El problema está en la definición de aquello que fue lo único que debió haber definido esta ley: la característica de "relevante".

"En "Impacto Ambiental Susceptible de Relevante Efecto", la propuesta dice: "Es el impacto ambiental cuyos efectos directos o indirectos vulneran en cierta medida los derechos y garantías establecidos por la Constitución de la Ciudad y cuyos parámetros deben ser establecidos o modificados oportunamente por la autoridad de aplicación". Alguien tiene que hacerse cargo de definir estos parámetros con absoluta claridad."

6) Por último, en el Dto. 1352/02 llama la atención que se citen los mismos argumentos que la modificación de la ley 123 para justificar la derogación del Dto 1120/01:

"la modificación reglamentaria que se propicia por el presente tiene como objetivo la aplicación de procedimientos administrativos eficaces para la preservación y mejora de la calidad ambiental de la Ciudad, así como evitar posibles demoras en la tramitación administrativa de las actuaciones relacionadas con la temática en cuestión".

¿Acaso la modificación de la ley 123 y, por lo tanto, su nueva reglamentación Dto. 1120/01, no tenía el mismo objetivo?.

CONCLUSIONES

La ley 123 ha sufrido una importante modificación que ha desvirtuado su espíritu original y su decreto reglamentario vigente acentúa aún más estas diferencias. En este sentido, podemos señalar lo siguiente:

1) Se puede afirmar que con la reglamentación vigente, son muy pocos los emprendimientos que deben presentar estudios técnicos ambientales en el marco del procedimiento EIA.

La ley dice que las actividades de construcción, modificación y/o ampliación, demolición, instalación o realización de actividades comerciales o industriales susceptibles de relevante efecto deben someterse al procedimiento EIA. Y la reglamentación establece que los usos que se encuentran en el Cuadro de Usos del Código de Planeamiento Urbano –con el agregado de la clasificación "Con relevante efecto", "Sin relevante efecto" o según correspondiere- será el modo de categorizar las actividades.

Sin embargo, no olvidemos que dicho cuadro es de "Usos" y como tal, no contempla actividades que pueden, perfectamente, desarrollarse en nuestra ciudad, como, por ejemplo, la construcción -entendida como un proceso susceptible de provocar impacto ambiental- o la demolición. La reglamentación es incompleta, al no comprender todas las actividades que menciona la ley.

Por otro lado, de acuerdo con la reglamentación, sólo deben hacer el procedimiento EIA los emprendimientos de relevante efecto ambiental comprendidos en el Art. 13 que se encuentren en el Cuadro de Usos bajo la categorización CRE (Con Relevante Efecto). No hay que olvidar que ese artículo presenta una lista enunciativa, y no taxativa, de actividades que se presumen de relevante efecto ambiental, lo cual significa que pueden existir emprendimientos de relevante efecto ambiental que no estén contemplados en el Art. 13.

Además, actividades comprendidas en dicho artículo, no se las encuentra en el Cuadro de Usos, porque no corresponden a un "uso" definido. Por ejemplo, obras que demanden la deforestación relevante o la disminución del terreno absorbente (presumidas por el Art. 13 como de impacto ambiental con relevante efecto) pueden corresponder a la primera etapa de la construcción de un edificio residencial. El uso "Edificio residencial" está considerado como SRE (Sin relevante efecto) en el Cuadro de Usos, por lo que no deberá someterse al procedimiento EIA.

Existen numerosos ejemplos de este estilo, que demuestran que el Cuadro de Usos no puede ser la única herramienta mediante la cual se determine el relevante efecto ambiental.

2) Respecto de las actividades clasificadas como s/c, -según correspondiere-, se le otorga un gran poder de discrecionalidad a la Autoridad de Aplicación, al no existir criterios definidos en la reglamentación para la categorización de dichas actividades.

La ley 123 no pretende generar incertidumbre en aquellos que quieran iniciar una actividad en la ciudad, sino que busca preservar el ambiente, para provecho de todos. En este sentido, se debería pautar claramente la forma de categorizar, de modo que quien pretenda realizar un emprendimiento, pueda conocer en qué categorización estará comprendido y así evaluar su inversión con todos los elementos en juego.

3) El Decreto vigente 1352/02 ha olvidado reglamentar importantes incisos del Art. 13: las Áreas Ambientalmente Críticas, la deforestación relevante y la disminución del terreno absorbente, y los grandes emprendimientos que por su magnitud impliquen superar la capacidad de la infraestructura vial o de servicios existentes..

He aquí una negligencia por parte de las autoridades, que al derogar un decreto entero (el Dto. 1120/01) para reemplazarlo por otro, no reglamentó los incisos que se le encomiendan ni incorporó las fórmulas polinómicas correspondientes para categorizar las actividades clasificadas como s/c, con lo cual se convierte en una norma ineficiente.

4) Con la desaparición del Mediano Impacto Ambiental, han pasado a ser considerados sin relevante efecto ambiental la construcción y modificación de edificios, como así también la modificación de la topografía, que ya no es considerada un aspecto relevante de impacto.

Tampoco existe más en la ley el inciso que permitía a la ciudadanía solicitar la evaluación de impacto ambiental de cualquier emprendimiento.

Por otra parte, se le han quitado funciones al Consejo Asesor, dado que ya no participará con su opinión en cada procedimiento EIA, sino que sólo será consultado cuando la Autoridad de Aplicación lo considere necesario.

Estos puntos demuestran cuánto se ha empobrecido nuestra ley de evaluación de impacto ambiental, y qué lejos han quedado las aspiraciones que fomentaron su sanción original.

5) Por último, si bien la ley determina que ante una infracción a la misma se debe clausurar o suspender la actividad de inmediato, como medida preventiva; la reglamentación vigente da lugar a que, constatada la infracción, la Autoridad de Aplicación pueda aplicar o no dicha sanción.

Es evidente que los cambios introducidos en la ley y sus decretos reglamentarios han dejado en el aire importantes aspectos que hacen a la preservación del ambiente y la han degradado en muchos aspectos.


 

Atras Inicio Añadir a favoritos Enviar comentario o sugerencia Recomendar a un Amigo Facebook
Asociación Civil Por la Reserva Vecinos Autoconvocados