la ciudad metropolitana [ciudad
+ gran bs as] en colapso ambiental
la urbanización salvaje
"…el espacio urbano es una especie
de campo de batalla donde se lucha por conseguir los máximos
beneficios derivados de los diferentes usos que se apliquen
al suelo".
"… a la gente se le hace discursos, se la pacifica,
se la engaña y finalmente se la convence de que la desigualdad,
la pobreza y la falta de salud, son problemas que la víctima
tiene por su propia culpa o se le dice que son problemas tan
'políticos' y 'complejos' que ellos no pueden intervenir".
"…el congestionamiento de las ciudades configura
un medio urbano violento. El ser humano al igual que otras especies
vivientes, necesita de un espacio y un medio determinado para
cumplir sus funciones vitales. El hacinamiento, la congestión,
los ruidos, la contaminación visual y atmosférica,
generan climas de malestar creciente que son agresivos y producen
respuestas violentas. Esto, sumado a las exclusiones sostenidas
del sistema, son las situaciones explosivas que hoy aceptamos
mirando para otro lado y pidiendo más vigilancia y más
represión, es decir, empeorando las condiciones necesarias
para recuperar la paz".
"…la planificación no puede hacer nada más
que modificar algunos de los parámetros del proceso de
explotación del suelo, no puede cambiar su lógica
intrínseca y por lo tanto no puede eliminar la contradicción
que hay entre la acumulación privada y la acción
colectiva".
extractados de:
"Memoria y balance de la desaparición de la carrera
de Planificación Urbana y Regional"
PUR Marta Dodero
"... Además, creo
que solicitar a ciertos arquitectos la urbanización de
tierras vacantes en la metrópoli es un error, como sería
pedirle a Drácula que organice el banco de sangre".
Arq. Ricardo de Bary Tornquist
Índice
Código de Planeamiento Urbano [CPU] y Evaluación
de Impacto Ambiental [EIA] 
Infraestructura colapsada
De las "excepciones", a la Corporación
Antiguo Puerto Madero SA [CAPM SA]
La costa / los espacios verdes públicos
/ la vivienda / el Riachuelo
El resto de la Ciudad Metropolitana: el Gran
Bs As
Residuos Sólidos Urbanos [RSU]: colapsa
el enterramiento de basura
El Estado Nacional: el mayor tenedor de tierras
de la Ciudad Metropolitana
El Plan Urbano Ambiental [PUA]
Continuidad e interacción
La propuesta Metropolitana
La propuesta en la Ciudad
Código
de Planeamiento Urbano [CPU] y Evaluación de Impacto
Ambiental [EIA]
El actual Código de Planeamiento
Urbano [CPU] de la Ciudad
de Bs As tiene su origen en el promulgado en 1977 por el entonces
intendente de la dictadura, Andrés Cacciatore.
Luego, en épocas de gobiernos electos (décadas
de 1980/90), las excepciones aprobadas por el ex Concejo Deliberante
-autorizando la construcción de mayor superficie cubierta-
empeoraron la situación y tomaron el carácter
de escandalosas. Como consecuencia de esas “excepciones”
y otras modificaciones, el CPU se convirtió
en un mamarracho, anotándose las sucesivas reformas en
un “plano maestro” de la Ciudad, el cual finalmente
desapareció.
La acción de los vecinos porteños en oposición
a la proliferación indiscriminada de edificios en altura
de perímetro libre (torres), puso al descubierto la política
urbana implementada a partir de agosto de 2000 –continuadora
de la política de los años 70, 80 y 90- cuando
la entonces imparable ALIANZA, junto con importantes sectores
del PJ porteño, aprobaban en la Legislatura de la Ciudad
la Ley Nº 449 de modificación del
Código de Planeamiento
Urbano [CPU] y la Ley
Nº 452 modificatoria de la Ley
Nº 123 de Evaluación de Impacto Ambiental
[EIA]. Esto se llevaba a cabo en el marco de
una maratónica sesión en la que fueron aprobadas
144 leyes en 48 horas (2/8/2000), aprovechando la mayoría
existente en la Legislatura ante la próxima asunción
de Aníbal Ibarra como Jefe de Gobierno (6/8/2000).
La sanción de este Código había sido rechazada
por la abrumadora mayoría de los vecinos y ONGs participantes
en dos Audiencias Públicas celebradas en la Ciudad: el
12/11/1997 y -la más importante- entre el 8 y el 15/6/1999,
en las cuales participaron entidades miembros de la Asamblea
Permanente por los Espacios
Verdes Urbanos [APEVU]
con una posición crítica, exigiendo la Evaluación
de Impacto Ambiental [EIA]
para las modificaciones propuestas. Esto significaría
el conocimiento de los efectos que tendría sobre la Ciudad
la aplicación del Código modificado; también
se propuso que las tierras nacionales ubicadas dentro de la
Ciudad fueran destinadas a espacios verdes públicos,
previa rezonificación como Distrito Urbanización
Parque [UP].
La modificación del CPU aprobada finalmente
por la Legislatura, implicó un aumento notable de la
capacidad constructiva en la mayor parte de la Ciudad y la resignación
de condiciones de vida mínimamente aceptables para los
habitantes de futuras viviendas: ambientes más pequeños,
menos aire y menos luz; también quedó formalizada
la posibilidad de una normativa especial para construir en lotes
de más de 2.500 m2.
Asimismo, la modificación de la Ley
Nº 123 de Impacto Ambiental, con la aprobación
de su modificatoria -Ley Nº
452- dejó liberados los edificios dedicados
a vivienda sin importar la superficie a construir.
Sintetizando: a partir de agosto de 2000 en Buenos Aires se
comenzaba a construir con normativa a medida sobre lotes de
más de 2.500 m2 de superficie y sin ningún tipo
de Evaluación de Impacto
Ambiental [EIA], mediante
la simple aprobación de planos por funcionarios de tercera
línea. Esta ope-ratoria fue la resultante del acuerdo
entre los grandes inversores inmobiliarios, los grupos políticos
mayoritarios del momento y la representación corporativa
de los profesionales de la construcción (los mismos que
ahora protestan por la suspensión de permisos de obra).
Infraestructura
colapsada
La proliferación indiscriminada de edificios en altura
no sólo pone en peligro de colapso la infraestructura
de servicios de la ciudad, sino también la provisión
de agua potable a millones de personas en la zona del acuífero
Puelche, perforado y con sus aguas contaminadas por las bases
de las torres construidas sobre la costa (Puerto Madero, Centro,
Retiro, Recoleta, Palermo, Belgrano, Núñez); esas
mismas bases obstruyen el normal escurrimiento de las aguas
de lluvia hacia el río a través de la primera
napa de agua -efecto conocido como endicamiento de la napa freática-
constituyéndose en factor determinante de inundaciones.
Asimismo, la red cloacal está colapsada desde hace más
de veinte años: los cinco arroyos entubados que atraviesan
la ciudad –utilizados originalmente como desagües
pluviales- son desde entonces emisores directos de efluentes
cloacales e industriales que desagotan "en crudo"
en nuestra costanera, aumentando de esta forma la contaminación
del estuario. Recordemos que, debido a la deficiente calidad
de las aguas, está prohibido bañarse desde 1976
(OM Nº 32.716 por la cual se declaró la “emergencia
sanitaria”).
También está colapsada desde hace años
la red de tránsito y polucionado el aire que respiramos:
el actual sistema de autopistas aporta más de un millón
de vehículos diarios que arriban y egresan del centro
porteño; sumados al millón propio de la Ciudad,
configuran un caos diario en el que casi 6 millones de personas
y dos millones de vehículos se desplazan conformando
un verdadero infierno por las emanaciones tóxicas y los
ruidos que superan todos los estándares tolerables. No
se puede trabajar, ni siquiera vivir con una ventana abierta
a la calle; los diálogos en la vereda son casi imposibles.
No obstante, los grandes inversores de capitales desconocidos
-asociados con funcionarios, cámaras empresariales y
corporaciones profesionales que viven de la construcción
y de la especulación inmobiliaria- pretenden continuar
agravando este cuadro de situación; van por más,
y sin siquiera respetar la mínima normativa existente,
conseguida por ellos mismos mediante “lobbys” y
presiones de todo tipo. Tal, por ejemplo: el caso de la ampliación
del Aeroparque Jorge Newbery sobre tierras públicas adyacentes
y con un nuevo relleno costero; el “permiso” dado
para la construcción de un estadio para 9.000 personas
en Distrito Urbanización Parque
en la zona más caótica de Buenos Aires (el predio
ocupado por la Sociedad Rural Argentina); la proyectada urbanización
de un sector de la playa ferroviaria de Retiro y la permanente
recepción de propuestas de explotación inmobiliaria
sobre cuanto terreno no se encuentre construido todavía
(aún los dedicados a operaciones portuarias).
De las "excepciones",
a la Corporación Antiguo Puerto Madero SA [CAPM SA]
La actual normativa para lotes de más de 2.500 m2, que
contempla la no aplicación de la EIA,
tiene su antecedente en las “excepciones” al CPU
y en el desarrollo del emprendimiento comercial producto de
uno de los fraudes más grandes del siglo XX sobre tierras
públicas: la Corporación
Antiguo Puerto Madero
SA [CAPM SA]. La transferencia
por Decreto de tierras nacionales a esa empresa, su posterior
venta a grupos privados y la obtención de normativa especial
para construir, viola todo el esquema jurídico vigente.
La costa / los espacios
verdes públicos / la vivienda / el Riachuelo
Esta situación de caos provocado por el incumplimiento
de normas básicas (Constitución Nacional y de
la Ciudad, Código Civil), se da también en la
costa porteña, donde muchos sectores, como Punta Carrasco
y Costa Salguero, han sido concesionados y no tienen acceso
público irrestricto; otros, como el Parque
Natural, han sido desnaturalizados groseramente; mientras
que, locales comerciales ilegales, como Pacha, Rodizio y Pizza
Banana, florecen por doquier en un verdadero aquelarre. Sólo
se ha salvado de este proceso –debido a la constante lucha
vecinal- la Reserva Ecológica
Costanera Sur [RECS].
Es también la lucha vecinal la que ha logrado la no desaparición
del Parque 3 de Febrero [los Bosques de Palermo], el más
antiguo e importante del país. Los funcionarios, clubes
y concesionarios que lo ocupan y “los inversores”
fueron obligados a retroceder ante un contundente triunfo vecinal
que desnudó la apropiación ilícita de importantes
sectores, recuperándolos para el uso público.
También debemos tener en cuenta que:
- a lo largo del siglo XX los espacios verdes públicos
parquizados han disminuido en más de un 70% en relación
a la cantidad de habitantes (de 7 m2/hab a 2 m2/hab);
- en los últimos cuatro años, en medio de un auge
inusitado de la construcción, la superficie destinada
a vivienda “suntuosa” representa la mayor cantidad
de permisos de construcción demandados; sin embargo,
el 10% de la población vive actualmente en “villas”,
otro 10% hacinado y otro 30% en viviendas obsoletas;
- las empresas instaladas a la vera del Matanza / Riachuelo
han contaminado toda la cuenca. Ni los organismos gubernamentales,
ni las empresas de servicios (estatales o privatizadas) han
sido capaces de frenar esta contaminación extrema y la
existencia de población enferma como consecuencia.
El resto de la Ciudad
Metropolitana: el Gran Buenos Aires [GBA]
Paralelamente, el conurbano vive su propio drama.
Durante el siglo XX -hasta aproximadamente la década
de 1970- la especulación inmobiliaria y el “planeamiento
urbano” fueron desarrollados de hecho por los rematadores
de tierras: Kanmar, Vinelli, Lucchetti y otros.
En 1913 se sancionó en la Provincia de Buenos Aires la
Ley Nº 3.487, llamada "ley de creación de pueblos".
Preveía que de cada 14 manzanas de loteo, la número
15 debía ser área verde recreativa. La realidad
fue que se remataron tierras en fracciones de 12 o 13 manzanas,
sin llegar nunca a la número 15, resultando así
la ausencia casi total de espacios verdes en todo el territorio
del Gran Buenos Aires
[GBA]. Las únicas plazas existentes
fueron las originales de cada uno de los municipios históricos
y hasta se construyó sobre ellas (San Martín,
San Isidro). Los grandes parques de la zona sur -el Pereyra
Iraola y los bosques de Ezeiza- son los que dan al conurbano
un promedio de espacios verdes por habitante de 0,90 m2/hab,
igual a la mitad del vigente en la Ciudad.
En la segunda mitad del siglo XX, los alrededores de Buenos
Aires duplicaron su población, pasando de 5 millones
a casi 10 millones de habitantes; mientras, la Ciudad, seguía
manteniendo un nivel estable de 3 millones.
Esta gigantesca urbanización con improvisados diseños
sin prever el crecimiento y sin ningún tipo de infraestructura
indispensable (agua corriente, cloacas, electricidad, gas, asfalto)
y sin espacios verdes, también fue “salvaje”,
debiendo los vecinos de cada barrio loteado, organizarse para
conseguir esa infraestructura de servicios y medios de transporte;
todo lo cual era logrado después de grandes esfuerzos.
Ya a finales del siglo pasado comenzó el estallido provocado
por las condiciones de "urbanización y desarrollo"
descriptas anteriormente. Los bonaerenses no sólo se
vieron obligados a usar escuelas, hospitales y plazas y parques
de la Cdad de BsAs, por la inexistencia de estas "comodidades"
en sus respectivas localidades; también a acudir sus
trabajos en "la Capital", viajando en condiciones
indignas.
Últimamente, en Vicente López los vecinos organizados
han tenido que defenderse de las excepciones al Código
de Ordenamiento Urbano [COU]
-otorgadas por el intendente García y el Concejo Deliberante-
las cuales permiten la edificación en altura en zonas
hasta ahora vedadas y la enajenación de los rellenos
sobre la costa (perdiéndola para su uso público
recreativo y destinándola así a emprendimientos
inmobiliarios).
Residuos Sólidos
Urbanos [RSU]: colapsa el enterramiento de basura
El enterramiento de residuos iniciado en la época de
la dictadura militar a través de la Coordinación
Ecológica Área
Metropolitana SE [CEAMSE]
-ente compuesto por la Provincia y la Ciudad de BsAs, que encarga
sus trabajos a empresas privadas- ha contaminado centenares
de hectáreas del Gran BsAs que ya no podrán tener
otro uso, napas de agua que nunca volverán a ser potables
y enfermado a importantes grupos de población.
SYUSA, perteneciente al grupo Techint, y otras empresas, pese
a no cumplir con las normas contractuales sobre enterramiento
y a quedarse con las tierras rellenadas más otras adyacentes,
siguen cobrando suculentas sumas. Sólo las actuaciones
judiciales y las movilizaciones vecinales están frenando
la continuación del daño.
Mientras tanto, de la crisis del 2001/2002 surgió el
reciclado de los RSU asociado a la miseria
extrema. Los cartoneros han logrado reciclar más del
25% del volumen de residuos producidos, mientras los funcionarios
-del Gobierno de la Ciudad de BsAs o de los municipios- no pueden
garantizar la realización de estas tareas con las mínimas
condiciones sanitarias y de seguridad laboral previstas por
la Ley Nº 992. Entretanto, el presupuesto de la Ciudad
para pagar a las empresas recolectoras, se cuadruplicó.
El Estado Nacional: el mayor tenedor
de tierras en la Ciudad Metropolitana
En la Ciudad de BsAs, el Estado Nacional es poseedor de aproximadamente
340 hectáreas que pertenecían a antiguas playas
de maniobras ferroviarias, cárceles a demoler, instalaciones
militares desactivadas, el Mercado de Hacienda, etc. En el Gran
BsAs, esta cifra supera las 8.000 has, de las cuales corresponden
sólo a Campo de Mayo, aproximadamente 5.000 has.
La Constitución Nacional otorga facultades únicamente
al Congreso de la Nación para "Disponer del uso
y de la enajenación de las tierras de propiedad nacional"
(art. 67 - inc. 4º de la CN de 1853 y art.
75 - inc. 5 de la de 1994). No obstante, diferentes administraciones
nacionales, de la Ciudad o de los municipios han optado por
enajenar a través de Decretos o simples Convenios firmados
por Intendentes o Jefes de Gobierno.
Otra vía no constitucional ha sido la de crear organismos
como la Comisión de Ventas de Inmuebles Estatales, el
ENABIEF y su sucesor el Organismo Nacional
de Administración de Bienes
[ONABE] o sociedades anónimas como la Corporación
Antiguo Puerto Madero
[CAPM SA], transferirles las tierras y concederles
facultades para enajenarlas. La metodología fraudulenta
aplicada para liquidar tierras públicas constituye una
actitud constante en casi todas las administraciones nacionales
y municipales, desde las más represivas hasta las más
democráticas.
El Plan Urbano Ambiental
[PUA]
La Constitución de la Ciudad
de Bs As (art. 29) prevé
la realización de un Plan Urbano
Ambiental [PUA] "elaborado
con participación transdisciplinaria de las entidades
académicas, profesionales y comunitarias … que
constituye la ley marco a la que se ajusta el resto de la normativa
urbanística y las obras públicas" y, según
la Ley Nº 71 que lo instrumenta,
se ha constituido un Consejo del Plan
Urbano Ambiental [Co-PUA]
que "… garantizará el carácter transdisciplinario;...
Realizará convocatoria pú-blica a las entidades
académicas, profesio-nales y comunitarias … y constituye
una Comisión Asesora Permanente Honoraria, con aquellas
de acreditada trayectoria y representatividad reconocida ….
La comisión participará de la elaboración,
revisión, actualización y seguimiento del Plan
Urbano Ambiental o de sus
instrumentos vinculados".
En la Provincia de BsAs, ningún municipio tiene en su
legislación figura semejante. Si bien no se ha logrado
llevar a feliz término la definición del Plan
Urbano Ambiental encomendado
por la Constitución, las organizaciones vecinales (muchas
de ellas miembros de APEVU) constituidas en Comisión
Asesora Permanente Honoraria
[ComAPH] se autoconvocaron, nombrando sus autoridades
y dándose también su propio Reglamento, en junio
de 2000. Desde entonces y hasta diciembre de 2002 la ComAPH
presentó innumerables trabajos y propuestas para un Plan
Urbano Ambiental [PUA]
y cuestionando lo efectuado por el CoPUA en
ese sentido. El incumplimiento por parte de las sucesivas autoridades
de Planeamiento Urbano del GCBA, de lo establecido en la Ley
Nº 71, obligó a miembros de la ComAPH a iniciar
acciones judiciales para paralizar el tratamiento del PUA en
la Legislatura porteña. La carpeta de emprendimientos
inmobiliarios sobre las últimas tierras libres de la
Ciudad (tal era el carácter del PUA pretendido), quedó
desactivada.
Posteriormente, en 2005, el Poder Ejecutivo creó un nuevo
organismo llamado Foro Participativo Permanente, para intervenir
"en la actualización del Plan" -como si ya
existiera un Plan aprobado- y constituyó una nueva ComAPH
digitada.
Continuidad
e interacción
La continuidad del tejido urbano entre la Ciudad y el Gran BsAs
-la Ciudad Metropolitana- y la interacción permanente
de una población de casi 13 millones de habitantes, hacen
necesaria una visión de conjunto a la hora de proponer
soluciones en un intento de paliar esta grave situación,
aunque "la posibilidad de que el Área Metropolitana
sea un área de planeamiento integrada, es cada día
más remota al afianzarse los absolutismos políticos
sobre la ciudad autónoma y sobre los 22 cotos de los
partidos del Gran BsAs, nodos de poder e influencias crecientes
que se concentran para negociar réditos corporativos"
(PUR Marta Dodero / obra citada).
La propuesta Metropolitana
- Declaración de la emergencia socio-ambiental metropolitana.
- Elaboración de un Plan Urbano
Ambiental [PUA] de la Ciudad
Metropolitana con representación vecinal y profesional
transdisciplinaria.
- Establecimiento de un Sistema Metropolitano de Grandes Parques
en base a las tierras del Estado Nacional desafectadas de sus
antiguos usos (ferroviarias, militares, etc.)
- Constitución de una Autoridad Única de Cuenca,
con representación vecinal, para resolver los problemas
de contaminación de las cuencas Matanza-Riachuelo y Reconquista.
- Elaboración de un Plan de Viviendas Sociales en la
trama ya urbanizada, utilizando inmuebles ociosos del Estado
Nacional, Provincial, de la Ciudad y municipales.
La propuesta en la
Ciudad
- Elaboración del PUA respetando una
ComAPH independiente de los funcionarios del
GCBA, con representación académica / vecinal /
profesional transdisciplinaria (Ley Nº
71). Derogación de las actuales normas de funcionamiento
(Resoluciones del ex Secretario Feletti).
- Modificación del CPU en cuanto a:
a) transferencia de tierras nacionales a la Ciudad para ser
destinadas a uso y utilidad pública. Proyecto de ley
[Exp. Nº 1397-D-2006 R Devoto y otros].
b) eliminación de la posibilidad de otorgamiento de normativa
especial para construir en lotes de más de 2.500 m2.
- Modificación de la Ley Nº 452 para someter a
Estudio y Evaluación de Impacto Ambiental los proyectos
para construir edificios de más de 1.500 m2 cubiertos.
oge/dic 06
APEVU
1993 - 2003 ASAMBLEA PERMANENTE POR LOS ESPACIOS VERDES URBANOS
